El hampa se expande al ciberespacio

Pornografía infantil, hurto de fondos y extorsión son los delitos más frecuentes en Internet, convirtiéndose en una ‘zona’ peligrosa.

Roxana tiene 10 años y hace poco ha sido víctima de violación sexual. Su agresor la contactó por Facebook haciéndose pasar como otra inocente niña que quería tener más amigas. Se citaron en un parque. Roxana llegó sola y su ‘ciberamiga’ resultó ser un hombre de más de 30 años que la obligó a subirse a un auto, la llevó a un cuarto y abusó de ella. Luego, el sujeto colgó un video del repudiable acto en una página web. Dos delitos cometidos utilizando las redes sociales del Internet.

El coronel Óscar Gonzales Rabanal, jefe de la División de Delitos de Alta Tecnología (Divintat) de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, afirma que el hampa se ha apoderado de la red y a través de ella ya cometen todos los delitos, salvo el homicidio. 

En un inicio, cuando el uso del Internet recién se hacía masivo, se descubrió que pedófilos y violadores acechaban en la red. Pero poco a poco ésta se ha convertido en una ‘zona’ más peligrosa porque desde allí muchos han sido estafados, asaltados, extorsionados, chantajeados, etc.

Los detectives de la Divindat refieren que los hampones cada vez más prefieren usar Internet para cometer sus fechorías porque no son vistos, pueden borrar su ‘rastro’ y se arriesgan menos.

DELITOS MÁS FRECUENTES. El coronel Gonzales informa que en lo que va del año, su departamento ha recibido más de 500 denuncias y se ha logrado detener a 18 personas.

El oficial explica que los delitos más frecuentes que se cometen con ayuda del Internet son: las violaciones (luego de establecer contacto a través de chats o foros), las extorsiones y los robos de cuentas bancarias.

Del total de las denuncias recibidas entre enero y junio, 226 han sido por hurto de fondos. La modalidad más usada por los ‘marcas 2.0’ consiste en enviar falsos correos para instalar programas ‘espía’ en la computadora de su víctima.

Para que el destinatario abra el link adjunto, suelen indicar que el correo contiene temas de interés, como, por ejemplo, un video de Hugo Chávez en el hospital.

Como la mayoría de personas es curiosa, abre el enlace y, sin saberlo, ya instaló el programa que permitirá a los delincuentes acceder a las cuentas, claves y demás información que se almacene en la computadora.

Si la persona ingresa a sus cuentas bancarias vía on line, lo más probable es que sufra un ‘asalto virtual’, pues los hampones harán una transferencia electrónica de sus fondos a otra cuentas. El despojo de su dinero no es lo único que los ladrones realizan. Mediante encuestas vía online ellos recogen información confidencial de la persona para luego asaltar sus viviendas o secuestrarlos.

El jefe de la Divindat invocó a quienes hayan sido víctimas de cualquier tipo de delito por Internet que se acerquen a la Dirincri a denunciarlo. Asegura que ya se cuenta con alta tecnología para capturar a estos sujetos.

MÍNIMA PROTECCIÓN. Pero ¿por qué las personas son presas fáciles de estos delincuentes cibernéticos? El ingeniero Juan Lema, director de Social Media Group, nos da una explicación: los usuarios de las redes sociales solamente utilizan entre 10 a 15% de las opciones de configuración de privacidad que se ofrecen. Aseguró que la mayoría de cibernautas saben poco de asuntos como la privacidad de la información y políticas de privacidad.

“Tenemos que aprender de redes sociales, porque el Internet no retrocederá, hemos entrado a un Internet social. No desaparecerán los comentarios, se van a complejizar. El tema es hasta cuándo vamos a esperar para aprender”, sostuvo. Están advertidos. Depende del usuario protegerse para no ser blanco del hampa ‘2.0’.

Conozca el original: http://elderechoinformatico.com/index.php?option=com_content&view=article&id=639:el-hampa-se-expande-al-ciberespacio&catid=136:elderechoinformatico-peru&Itemid=143

Ethisphere Institute Launches Online Anti-Corruption Resource Center

The Ethisphere Institute is partnering with law firms and other experts to launch the Anti-Corruption Resource Center, a collection of online tools and resources designed to share best practices and practical advice in global anti-corruption efforts.

The ACRC provides an analysis of global anti-corruption efforts, updates on international regulations, best practices, online tools, and benchmarking resources. It is geared toward in-house counsel as well as white-collar attorneys, researchers, and academics.

"Corruption is a cause for concern within every multinational company, today more than ever, because of both the gravity of bribe-paying and the constantly evolving regulatory landscape," said Stefan Linssen, Ethisphere's editor-in-chief.

The ACRC also offers:

• compliance and training videos;
• free anti-corruption diagnostics from Corpedia;
• a searchable review of 2,000 companies' anti-bribery policies and best practices; and
• a database of non-prosecution and deferred-prosecution agreements entered into by the U.S. Department of Justice.

The database is searchable by more than a dozen criteria, such as independent monitoring requirements, compliance program mandates, related regulatory agencies, and amount of fines and restitution. It was built by Haynes and Boone attorneys Ryan McConnell, Larry Finder, and Katharine Southard of the firm's Houston office.

"Companies continue to experience corruption on a global scale, and resources like this provide further insight on the latest anti-corruption regulations and developments," said McConnell, who is a partner in the law firm's white-collar criminal defense practice and an occasional contributor to CorpCounsel.com.

Ethisphere is a research think-tank and forum for advancing business ethics, based in New York City.

Knows the Original Article: http://www.law.com/jsp/lawtechnologynews/PubArticleLTN.jsp?id=1202509067455&Ethisphere_Institute_Launches_Online_AntiCorruption_Resource_Center

Síííí ¿Acepto?

Por Nelson Camilo Sánchez*

 

En una decisión unánime, la Corte Constitucional acaba de aplazar la aprobación del matrimonio civil para parejas del mismo sexo, al señalar que es el Congreso el que debe encargarse de su regulación. Como el lenguaje de los tribunales resulta a veces complejo - sobre todo cuando se trata de temas polémicos - el país se pregunta ahora qué fue lo que realmente se decidió. 

 

Hasta ahora no se ha publicado el Comunicado Oficial, pero si nos atenemos a lo que leyó anoche el Presidente de la Corte, Juan Carlos Henao, el balance es el siguiente:

 

El postulado fundamental de la sentencia es que el matrimonio heterosexual no atenta contra la Constitución. Parece obvio, pero era necesario que la Corte empezara por ahí, pues en la demanda – por cuestiones técnicas de derecho – se le había pedido que declarara inconstitucional esa frase por no incluir a las parejas del mismo sexo. Entonces, la Corte dijo que el hecho de que el matrimonio que reconoce hoy en el día el Código Civil no incluya otras opciones no necesariamente lo hace inconstitucional. Pero nunca dijo que otras formas de matrimonio están prohibidas.

 

La Corte encontró, de hecho, que existe un desajuste en la regulación del matrimonio, pues unas familias están protegidas, mientras que otras (las conformadas por parejas del mismo sexo) no lo están. La Corte dice – por primera vez– que las parejas del mismo sexo constituyen una familia y que el Estado las debe proteger. Este es un avance importantísimo pues acaba con esa idea de que la Constitución solo reconoce un tipo de familia. Un reconocimiento que será además vital para la adopción igualitaria.

 

A lo que la Corte no se le midió fue a cómo enfrentar este desbalance. La Corte dice que hay una protección deficitaria para las parejas del mismo sexo, pero que debe ser el Congreso el que equilibre la balanza. Y lo puede hacer, bien sea usando el término matrimonio o el que mejor se adapte, pero sin que éste genere una discriminación. Es decir, la Corte ya le dijo al Congreso que le debe otorgar los mismos derechos a todas las parejas, pues todas conforman una familia que se debe proteger.

 

Además, la Corte señaló que el Congreso debía aprobar esta regulación antes de julio de 2013. Si para esta fecha el legislativo no ha respondido, las parejas podrán acudir ante los juzgados y las notarías a legalizar sus uniones. Como no habría reglamentación adicional y la Corte ya dijo que la unión marital de hecho es distinta y a ella ya pueden acceder las parejas, la interpretación lógica es que, sin la intervención del Congreso, el matrimonio igualitario entrará a regir en julio de 2013.

 

Sé que la decisión puede parecer tibia o acomodada, como se ha dicho airadamente en las redes sociales. A mí, personalmente, me parece insuficiente pues creo que la Corte cuando encuentra una discriminación tiene el deber de actuar inmediatamente para corregirla. Pero no se puede desconocer tampoco que como estaba la discusión al interior del tribunal, la transacción a la que se llegó no es la más desafortunada. Por el contrario, hace reconocimientos históricos fundamentales y nos deja con mejores opciones para seguirla luchando tanto en el Congreso como en la cultura colombiana. Además, tiene la solidez y legitimidad de haber sido tomada de manera unánime.   

 

Obvio, el Congreso es un escenario hostil para este tipo de reivindicaciones, pero después de la decisión de ayer, prácticamente se les acabaron las excusas a los opositores. Ya no pueden decir que no son familias dignas de protección, ya no pueden alegar que el Congreso no es competente. Solo queda una respuesta: sí, acepto.

 

* Dejusticia y Colombia Diversa fueron parte de los demandates en el proceso ante la Corte.

Conozca el original: http://www.lasillavacia.com/elblogueo/dejusticia/26119/siiii-acepto

Y continuando con el artículo anterior...

En un escueto comunicado, la Fiscalía General de la Nación aclaró que los homicidios de Rodrigo Lara Bonilla y Enrique Low Murtra, ambos ministros de Justicia, aún no han sido  declarados como crímenes de lesa humanidad.

El pasado lunes, la entidad informó que un fiscal de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario había hecho la declaratoria, que haría imprescriptible la acción penal en ambos casos.

Según se afirmó, dichos crímenes hicieron parte de un plan sistemático y generalizado desarrollado por carteles del narcotráfico para eliminar a dirigentes políticos, periodistas y personajes de la vida nacional que se opusieron a ese negocio ilícito.

El asesinato del ministro Lara Bonilla ocurrió el 30 de abril de 1984, en Bogotá.  Siete años más tarde, en la misma ciudad, fue ultimado el exministro Low Murtra.

La calificación de crímenes de lesa humanidad se ha producido en caos como el secuestro de Andrés Pastrana Arango, ocurrido 18 de enero de 1988; el homicidio del procurador general de la Nación Carlos Mauro Hoyos, el 25 de enero del mismo año y el asesinato del gobernador de Antioquia Antonio Roldán Betancur, el 3 de julio de 1989.

Igual ocurrió con el homicidio de Luis Carlos Galán, ocurrido el 18 de agosto de 1989; el atentado contra el avión de Avianca, el 27 de noviembre de 1989; el atentado contra el DAS, el 6 de diciembre de 1989; el atentado contra el diario El Espectador, el 2 de septiembre 1989; el secuestro y la posterior muerte de Luz Marina Montoya, el 17 de septiembre de 1990, y el secuestro de Maruja Pachón y de Beatriz Villamizar, el 8 de noviembre de 1990.

¿Qué significa declarar delitos de lesa humanidad los casos de Lara Bonilla y Low Murtra?

Es una señal positiva, en tanto que busca hallar los culpables, pero es muestra de ineficacia de la Justicia. Además, genera inestabilidad jurídica y abre la pregunta sobre qué pasará con otras víctimas que no eran dirigentes políticos. 

Rodrigo Lara Bonilla, quien fungía como Ministro de Justicia, fue asesinado mientras se dirigía a su casa, el 30 de abril de 1984, por un sicario enviado por el cartel de Medellín. Siete años después, Enrique Low Murtra, quien lo reemplazó, fue abaleado cuando salía de dar clase de la Universidad La Salle, en Bogotá.

Los dos hicieron parte de la larga cadena de asesinados por los carteles de la droga, en un momento en el que los muertos se contaban por miles.

Este lunes, después de 20 años del asesinato de Low y 27 del de Lara, un fiscal de Derechos Humanos y DIH declaró los dos crímenes de lesa humanidad.

“Esos crímenes hicieron parte de un plan sistemático y generalizado que desarrollaron grupos del narcotráfico, para eliminar a dirigentes políticos, periodistas y personajes de la vida nacional que desde sus diferentes ámbitos se opusieran al ilícito negocio”, dijo el fiscal encargado.

La Fiscalía también declaró delitos de lesa humanidad el secuestro del expresidente Andrés Pastrana, ocurrido el 18 de enero de 1998; el homicidio del procurador general de la Nación, Carlos Mauro Hoyos, el 25 de enero de 1998; el crimen del gobernador de Antioquia, Antonio Roldán Betancur, 3 de julio de 1989; la explosión del avión de Avianca, el 27 de noviembre de 1989, donde perecieron más de 100 personas; el atentado al edificio del DAS, el 6 de diciembre de 1989,que costó la vida a 50 personas; el secuestro y posterior muerte de Luz Marina Montoya, el 17 de septiembre de 1990; el secuestro de Maruja Pachón y Beatriz Villamizar, el 8 de noviembre de 1990, y el atentado al diario El Espectador, el 2 de septiembre 1989.

¿Qué significa?

En términos jurídicos, declarar delitos de lesa humanidad los asesinatos de Lara y Low significa que los procesos en los que se investigan los autores y las razones de esos delitos, no prescribirán.

Para el exmagistrado Carlos Gaviría Díaz, la actuación de la Fiscalía hace parte de un empeño de las instituciones del Estado para que crímenes muy graves no queden impunes. El jurista consideró que los asesinatos son muy graves, no obstante, “no soy partidario de que con esos delitos se proceda, después de veinte años a volverlos imprescriptibles”, dijo.

Aunque indicó que le gustaría que las investigaciones lleguen a buen puerto, Gaviria Díaz explicó que “en un Estado de Derecho las reglas sobre la prescripción deben estar claras, pero no que se estén cambiando cuando los delitos prescriben”.

Para la abogada Bárbara González, los asesinatos de Lara y Low “fueron la persecución a una clase dirigente que representaba la alternatividad. Los mataron por sus ideales y propuestas. Fue una persecución por razones políticas”. En su criterio, esa persecución es lo que motiva a la Fiscalía para que el delito se declare imprescriptible.

“La decisión es muy importante por dos razones. La primera, porque el mensaje es que el crimen no paga. Lara y Low fueron buenos seres humanos y sus familias están esperando que alguien les diga quién los mató y por qué lo hicieron”. De esta manera, Pedro Santana, presidente de la Corporación Viva la Ciudadanía y quien conoció a los dos dirigentes políticos personalmente, recalcó la importancia de la decisión.

Aunque Santana dejó claro que no se opone a la decisión, objetó el hecho de asesinatos de periodistas y de personas que no hacía parte de la clase política no se declaren delitos de esa humanidad.

“Lo lastimoso en Colombia es que 20 años después haya que declarar que son delitos de lesa humanidad el asesinato de algunas figuras políticas de este país. ¿Dónde quedaron decenas de miles? ¿Es que en Colombia hay personas de primera y segunda clase?”, se preguntó.

¿Quiénes fueron?

Rodrigo Lara Bonilla fue uno de los compañeros de lucha de Luis Carlos Galán. Los dos le declararon la guerra al narcotráfico y a los dos esa declaración les costó la vida.

Opita, nacido en Neiva en el año de 1946. Estudió Derecho en la Universidad Externado de Colombia. 1969 llegó a la alcaldía de su ciudad natal, en donde comenzó su carrera política al frente del movimiento Dignidad Liberal.

Fue diplomático en París y se especializó en derecho público en la Universidad de la Sorbona. Después fue concejal, diputado, representante a la Cámara y senador.

En 1983, Lara fue llamado por el entonces presidente Belisario Betancur para que se encargara de la cartera de Justicia. En un debate en el Congreso hizo un debate sobre la influencia mafiosa en la política, cuando el narcotraficante Evaristo Porras lo acusó públicamente de haber recibido apoyo de la mafia, citando un cheque girado a la campaña.

“Esto hizo que Lara emplazara a los narcotraficantes y poco después se llevara a cabo un gran operativo en el Caquetá donde se destruyó un laboratorio que podía procesar tres toneladas de cocaína al mes, llamado Tranquilandia”, recordó Santana.

Dos semanas después del operativo en Tranquilandia, Lara fue asesinado por los disparos de Iván Darío Guizado Álvarez, un sicario que le disparó desde una motocicleta. El conductor de la moto, Byron de Jesús Velásquez Arenas, fue capturado.

“El cartel de Medellín sintió que esta había sido la más grande afrenta contra sus intereses y contra el código de honor de la mafia y decidió asesinar a Lara Bonilla, como en efecto lo hizo”, dijo Santana.

“Lara era el segundo dirigente del galanismo y seguramente iba a ser candidato presidencial. Formado en París, en su actividad pública hizo tareas muy importantes”, fueron las palabras con las que Gaviria Díaz recordó a Lara.

Son memorables sus discursos en los que defendió reiteradamente los derechos humanos y arremetió contra la influencia de la mafia en la política. “Ustedes no me perdonan, y ni me vayan a perdonar, las denuncias que con tanta altivez y claridad he planteado durante toda mi vida pública (…) Pero, esto sí es inaudito, es inadmisible que terminen los pájaros tirándole a las escopetas”, fueron las palabras con las que le respondió a Porras el día en que este lo acusó de haber recibido dinero del narcotráfico.

Enrique Low Murtra fue economista y abogado. Nació en Bogotá el 23 de marzo de 1939, hijo de padre alemán y madre española. Fue egresado de la Universidad Nacional y también hizo estudios en la Universidad de Harvard.

En su vida pública ocupó importantes cargos como Consejero de Estado, juez, Director del SENA, presidente de la Asociación Nacional de Industriales, entre otras.

En 1987, bajo el gobierno del presidente Virgilio Barco, fue nombrado ministro de Justicia. Defendió la extradición, política que los carteles detestaban con su alma. De hecho, cuando la Corte Suprema de Justicia la declaró inconstitucional, el salió en su defensa y dijo: “Me puede temblar la voz, pero no la moral”.

Fue enviado a Suiza como embajador, en donde se descubrió un plan para asesinarlo. A su llegada a Colombia nuevamente, a comienzos del 91, volvió a dar clases en la universidad. Los medios de la época registraron que no tenía ningún tipo de protección y por eso fue presa fácil de los sicarios.

Gaviria Díaz recuerda que “compartía calidades personales con Rodrigo Lara. Era absolutamente ético, limpio y transparente”, dijo.

“Uno se pregunta, si ese era un par de ciudadanos excepcionales, ¿porque los mataron?, y la respuesta es muy triste: No habrá otra causa: fueron víctimas del narcotráfico. Es lamentable que esos hechos se den en la cantidad desmesurada con la que se dan en Colombia”, concluyó.

Conozca el original: http://www.semana.com/nacion/significa-declarar-delitos-lesa-humanidad-casos-lara-bonilla-low-murtra/160607-3.aspx