De conciencias y derechos

Por: Ramiro Bejarano Guzmán

Director del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia

Desde hace más de cuatro meses se tramita en la Comisión Primera de la Cámara un proyecto de ley estatutaria para regular el derecho a la objeción de conciencia, que ya tiene antecedentes jurisprudenciales.

En efecto, la Corte Constitucional, en Sentencia C-728 del 2009, aceptó la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, con el argumento de que aunque deriva del derecho a la libertad de conciencia, es un derecho fundamental innominado que goza de vida independiente. Aunque el cambio jurisprudencial de la Corte fue bien recibido, por representar el apego del orden constitucional a los convenios internacionales sobre la materia, abrió la puerta a un peligroso debate sobre el alcance de este derecho y su injerencia en el cumplimiento de otras normas, no solo de la prestación del servicio militar obligatorio.

Con el Procurador General de la Nación liderando la cruzada, las organizaciones religiosas y el Partido Conservador encontraron propicia la oportunidad para utilizar la objeción de conciencia como su baluarte ideológico para impedir la materialización del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El Procurador ha invertido importantes esfuerzos de su entidad en hacer una eficiente campaña de lobby en el Congreso para asegurar que en el proyecto de ley se establezca la objeción de conciencia de las personas jurídicas, para que de esta manera sea posible impedir la interrupción legal y voluntaria del embarazo de miles de mujeres. Incluso ha circulado en el Congreso un informe llamado Objeción de conciencia para profesionales médicos. Revisión & recomendaciones. Colombia, realizado por petición de la Procuraduría General de la Nación, en el que Gregor Puppinck,
director del Centro Europeo para Derecho y Justicia, presenta un “estudio” para defender la expresión institucional de la objeción. ¿Cuánto habrá costado esta prueba fabricaba por el llamado a velar por el respeto de los derechos fundamentales en nuestro país? Por fortuna, las razones jurídicas no acompañan la avanzada religiosa del Procurador.

Las personas jurídicas no pueden objetar de conciencia por muchas razones, la más importante de ellas, porque no poseen el elemento humano del cual se deriva este derecho: la conciencia. No es posible suscribir la tesis según la cual la persona jurídica sí posee conciencia porque en ella ocurren procesos semejantes a los que ocurren en la conciencia de la persona natural. Ni la carta de misión y valor, ni el reglamento, ni las deliberaciones que ocurren dentro de una persona jurídica la dotan de conciencia, elemento exclusivamente humano que se genera por experiencias de vida que una empresa no puede tener.

La conciencia es un fenómeno humano que surge por las situaciones a las que nos vemos enfrentados en el día a día, como la concepción del cuerpo, la relación con la muerte y la vida familiar. Nuestra Corte Constitucional ha respaldado esta posición desde su creación, sentando una importante línea jurisprudencial en la que ha aclarado que, aunque la persona jurídica sí es titular de algunos derechos fundamentales, no puede serlo de todos los derechos inherentes a la persona humana, como la objeción de conciencia. Cualquier ley que se expida contrariando este postulado sería inconstitucional.

Por fuera del debate jurídico, las consecuencias de aceptar la objeción institucional tienen nefastas implicaciones para diversas áreas del Derecho. Por supuesto, el ejemplo más evidente es la imposibilidad que enfrentan las mujeres que desean ejercer su derecho al aborto en el momento de enfrentar a una institución que se niega a prestar de forma integral su derecho a la salud. Si, por ejemplo, el Hospital San Ignacio decide objetar de manera institucional, todas las mujeres que estén adscritas a esta entidad verán truncada la prestación de sus servicios.

Pero el peligro no acaba en ese tema; el proyecto de ley que cursa en la Cámara de Representantes tiene una sospechosa redacción amplia que permite la aplicación de la objeción institucional en colegios, empresas e incluso en entidades estatales. ¿Qué ocurriría si los colegios religiosos decidieran objetar de conciencia a las cátedras que consideran atentan contra sus creencias? ¿Podrían entonces algunas empresas objetar de conciencia ante la posibilidad de contratar a una persona homosexual, porque no responde al código de valores de su entidad? En estos casos, existiría una pugna de derechos fundamentales y sería la Corte Constitucional la llamada a establecer qué derecho debe primar. Por supuesto, en casos como estos, no habría duda de que el derecho a la salud, al trabajo o a la educación son valores superiores. 

La objeción de conciencia es una herramienta democrática en un Estado de derecho, por lo que otorgarle expresiones que no respondan a su naturaleza la convierten en una peligrosa arma de fanatismo religioso y político.

Conozca el original: http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/N/noti-111019-16_%28de_conciencias_y_derechos%29/noti-111019-16_%28de_conciencias_y_derechos%29.asp?Miga=1&CodSeccion=84

De indicios e impunidad

por Javier Andrés Flórez

La impunidad reina en Colombia, pero la administración de justicia parece no actuar de acuerdo con esta realidad. Nuestro sistema judicial es extremadamente garantista, permitiendo que el criminal tenga casa por cárcel, por ejemplo, luego de ser el culpable de numerosos actos de terrorismo, o se le permite salir libre a pesar de ser capturado en la escena del crimen, por cuenta de una falla menor en su procedimiento de captura. ¿Cómo pedirle al soldado en la selva que sepa leer los derechos del guerrillero que apenas un segundo antes lo amenazaba con un fusil? Tristeza e indignación me genera esta realidad judicial del país, nuestro país no está preparado para enfrentar esta guerra producto del narcotráfico, de la tenencia de la tierra y de tantas otras causas que todos creemos conocer.

En ese orden de ideas, si ni siquiera podemos meter a la cárcel a los terroristas que usan uniforme, andan con fusil y son capturados en el lugar de los hechos (campamentos guerrilleros, por ejemplo), mucho menos seremos capaces de desmantelar las estructuras “camaleónicas” de la organización terrorista que se mezclan con facilidad entre la ciudadanía y la legalidad. No solamente por la dificultad per se que esta realidad presenta para la administración de justicia, sino más bien y sobre todo por una especie de inmunidad “recreada” que cubre a estos personajes al interior del aparato judicial. Resulta paradójico y preocupante que se avance rápidamente en los procesos de lo que se ha denominado “parapolítica”, pero no se haya avanzado ni un ápice en aquellos otros de “farcpolítica”.

Solamente los ingenuos pueden pretender creer y hacerle creer a la sociedad que después de 47 años de existencia, esta “guerrilla” no haya logrado infiltrar sus cuadros en las más altas esferas del país. Nadie recuerda, muchos por conveniencia, que las Farc se han denominado siempre una guerrilla político-militar y el peso que tuvo el Partido Comunista en su direccionamiento es todavía motivo de estudio, en la medida en que la historia de esta organización, en su mayoría, nos la han contado miembros intelectuales de la izquierda con preocupantes vicios de fondo en sus apreciaciones. Pero dejando ese pasado y enfocándonos en el presente, vale la pena reflexionar sobre tantos que han sido mencionados por unos y otros y que siguen por ahí con inmunidad “injustificada”, y las víctimas en la absoluta impunidad.

Cualquier jurista serio puede aseverar que a pesar de que la Corte Suprema de Justicia haya declarado ilegales las pruebas del computador de Raúl Reyes, estas sirven como indicio en las investigaciones; la responsabilidad de los operadores judiciales y de investigación es buscar validar o invalidar esa información a través de pesquisas sistemáticas y coherentes con los procesos que se adelantan. A pesar de ello, “Cienfuegos” salió libre, y otros tantos respiraron tranquilos luego de tal decisión ya que saben de las limitaciones materiales e inmateriales de nuestros jueces y fiscales.

El libro de ISS tiene perlas increíbles, propias de una novela, pero que son tan veraces como la existencia de las Farc. Resulta inexplicable que toda esa información no sea procesada por la justicia de Colombia de manera seria y profunda; nuestros jueces están muy ocupados en otras labores, pero resulta que estos asuntos son parte de la seguridad nacional del país y, desde mi humilde punto de vista, deberían representar una prioridad para todos los colombianos. Se trata nada más ni nada menos que de las personas que desde la legalidad colaboran con las Farc para que estas logren sus objetivos y planes estratégicos, en otras palabras, son tan culpables como el cabecilla de frente y más aún que el guerrillero raso, de los atentados terroristas, de los secuestros, del reclutamiento forzado de los jóvenes, de los ataques a poblaciones y de los demás vejámenes que cometen contra el pueblo de Colombia y sus instituciones.

Para mí resultan más peligrosos que Cano y Márquez, o que Catatumbo y Mauricio, o que Huesitos y El paisa, porque se camuflan al interior de la sociedad para acertarle desde adentro un golpe mortal. Son unos cobardes incapaces de reconocer su militancia en la organización terrorista, y se enorgullecen de su irremediable hipocresía. Tengo la esperanza de que algún día, ojalá cercano, se sepa la verdad y estos prohombres de nuestra sociedad sean declarados culpables de traición a la patria y de todos esos delitos que ayudaron a cometer contra el pueblo de Colombia.

Ya cayeron, por fin, gran parte de los políticos que tuvieron la torpe idea de aliarse con los paramilitares, ahora falta que caigan aquellos que comulgan y trabajan para la organización guerrillera. El tiempo sabrá darnos la razón, y seremos muchos los sorprendidos.

Escolio: Salud Hernández-Mora no necesita defensa alguna, su trabajo de décadas de periodismo serio hablan por sí solo. No entiendo el interés mezquino de Un Pasquín en ese irrisorio correo, pero Vladdo y compañía se hacen los de la vista gorda ante otros correos, más comprometedores, de sus “amigos” con organizaciones declaradas terroristas, como las Farc. Salud sigue saludable, ojalá muchos de los que la critican hubiesen recorrido el país como ella lo ha hecho, sin temor y con absoluta convicción.

jafah2@hotmail.com

@javierflorezh

Conozca el original: http://www.kienyke.com/2011/09/29/de-indicios-e-impunidad/