III. EXPEDIENTE
D-8798 – SENTENCIA C-365/12
M.P. Dr.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
1. Norma
acusada
LEY 1453 DE
2011
Por medio
de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el
Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se
dictan otras disposiciones en materia de seguridad
ARTÍCULO 27. Adiciónese a la Ley 599 de 2000 el artículo 447A, el cual quedará
así:
Artículo 447A. Comercialización
de autopartes hurtadas. Quien comercie con autopartes de vehículos
automotores hurtados incurrirá en la misma pena del artículo anterior.
PARÁGRAFO. El que
transfiera o utilice a cualquier título los documentos, licencias, números de
identificación de los vehículos automotores declarados en pérdida total,
incurrirá en la pena de prisión de cuatro (4) a doce (12) años y multa de
seis punto sesenta y seis (6.66) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
2. Decisión
Declarar INEXEQUIBLE
el parágrafo del artículo 447-A de la Ley 599 de 2000, adicionado por el
artículo 27 de la Ley 1453 de 2011.
3. Fundamentos
de la decisión
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Le correspondió a
la Corte determinar si el parágrafo del 447-A del Código Penal, vulnera los
principios básicos del ius puniendi y la libertad económica de la
actividad aseguradora al sancionarse con la misma, conductas permitidas por
el ordenamiento jurídico.
Indicó que una de
las obligaciones del asegurado en el contrato de seguros es el deber de
salvamento, consistente en la obligación de aminorar las consecuencias del
siniestro. Este deber está contemplado en el artículo 1074 del Código de
Comercio, de acuerdo con el cual “Ocurrido el siniestro, el asegurado estará
obligado a evitar su extensión y propagación y a proveer al salvamento de las
cosas aseguradas”. La doctrina ha señalado que el salvamento se inscribe en
el deber recíproco de colaboración o cooperación de las partes de la relación
sustancial en el contrato de seguro, para evitar el daño o disminuir sus
consecuencias. Se ha sostenido que de no existir esta carga, ningún
asegurador querría afrontar el riesgo, si el asegurado no asumiera el deber
consistente en hacer cuanto pudiera para atenuar los daños del siniestro. Las
previsiones sobre las que se calculó la tarifa de las primas quedarían
desvirtuadas y al arbitrio del asegurado, si pudiera él inejecutar la carga. Observó
que en virtud de lo anterior, después de ocurrido el siniestro pueden
permanecer indemnes algunos objetos que en el derecho de los seguros son
también denominados salvamentos y que pueden transferirse de acuerdo a lo
señalado en el contrato, actuación que se funda en la subrogación que opera a
favor del asegurador, contemplada en el artículo 1096 del Código de Comercio.
Esto significa que la venta de un salvamento es una actividad plenamente
admitida en el derecho de seguros, si bien no se encuentra regulada de manera
específica en el citado Código.
En el caso
específico de los eventos de siniestro relacionados con el seguro de
vehículos, la Corte señaló que se encuentran la pérdida definitiva y
la pérdida total, cuyas definiciones se han tomado tradicionalmente de
la resolución 4995 de 2009 del Ministerio de Transporte, si bien el objeto de
esta norma es el registro de vehículos y no la definición del siniestro.
Precisó que la pérdida total puede permitir la realización de transacciones
comerciales y no da lugar a la cancelación de la matrícula del vehículo
automotor, de forma que en Colombia no se encuentra prohibida la enajenación
de vehículos por pérdida total, sino en otra serie de eventos en los cuales
sí debe proceder la cancelación de la matrícula.
Para la Corte, la
redacción del parágrafo demandado puede llevar a tres situaciones
insostenibles que vulneran claramente el principio de legalidad: (i)
asumir que el concepto de pérdida total mencionado en el parágrafo del
artículo 447 A es el contemplado en la Resolución 4995 de 2009 del Ministerio
del Transporte. Esta solución genera una grave contradicción interpretativa,
pues de acuerdo a esta resolución, la pérdida total sería aquella en la cual
se pueden efectuar transacciones, mientras que el parágrafo del artículo 447
A sanciona a quien efectúe estas transacciones. (ii) No
asumir la definición de pérdida total contemplada en la Resolución 4995 de
2009 del Ministerio del Transporte y al no existir ninguna otra norma que la
defina, su interpretación dependería de la redacción de cada contrato de
seguros, lo cual vulneraría claramente el principio de reserva legal, pues no
se configuraría un tipo penal en blanco que remita a una norma extrapenal,
sino una conducta punible que depende de la mera liberalidad de las partes. (iii)
No asumir la definición de pérdida total establecida en la Resolución
4995 de 2009 del Ministerio del Transporte y construir una definición de
pérdida total por el juez en cada caso concreto lo cual además de vulnerar
gravemente el principio de legalidad afectaría la seguridad jurídica y el
principio de igualdad, pues en cada caso los jueces podrían adoptar conceptos
diversos.
A juicio de la
Corte, la norma demandada es inconstitucional porque vulnera principios
constitucionales esenciales del derecho penal: en primer lugar, no
cumple con el principio de necesidad, pues no desarrolla el carácter
subsidiario, fragmentario y de última ratio del derecho penal. El
parágrafo no solamente no es subsidiario frente a otras formas de control
social menos gravosas, sino que contradice lo establecido en el propio
derecho de seguros, penalizando una conducta admitida, regulada y
desarrollada por otro sector del ordenamiento jurídico. En segundo lugar, la
norma tampoco desarrolla el principio de exclusiva protección de bienes
jurídicos, pues su tipificación no se orienta directamente a la protección de
los bienes jurídicos que podría tutelar el delito de receptación como la
administración de justicia o el patrimonio económico, sino que se dirige a
facilitar la sanción de otras conductas punibles a través de un mecanismo que
lesiona de manera desproporcionada e innecesaria la libertad económica, pues
los salvamentos emitidos en virtud de la pérdida total del vehículo se
presentan en el marco de la actividad aseguradora que ninguna relación tiene
con la comisión de las conductas punibles que se pretenden reprimir. El contrabando
o la receptación de vehículos o autopartes hurtadas son conductas punibles
muy graves que deben ser sancionadas penalmente, pero para ello existen en el
Código Penal otros delitos específicos para sancionarlos. En tercer lugar,
la norma no cumple con el principio de taxatividad, pues señala una
descripción tan amplia y ambigua que no permite definir el supuesto de hecho,
pues no establece la relación de esta conducta punible con la comercialización
de autopartes hurtadas, sin que pudiera señalarse con certeza, por ejemplo,
que exista un nexo entre el uso o la transferencia del documento y la
comercialización de la parte de un vehículo hurtada. Tampoco existe plena
claridad sobre el concepto de pérdida total. Una interpretación estricta del
parágrafo implicaría que desde un punto de vista netamente subjetivo, el
agente que comete este delito puede ni siquiera tener el conocimiento de que
con su conducta está favoreciendo la receptación de la parte hurtada de un
vehículo, mientras que una interpretación amplia orientada al bien jurídico
exigiría que sí la conociera, situación de duda que no puede permitir de
ningún modo el principio de legalidad.
Por último, la
Corte señaló que un criterio de razonabilidad exige que el Estado utilice de
manera racional las conductas punibles que trae el Código Penal que permiten
sancionar de manera estricta a quienes participan en el robo de partes de
vehículos, tales como los delitos de favorecimiento, receptación, concierto
para delinquir y hurto, pero no autorizar el derecho penal como una
herramienta simbólica frente a comportamientos que ya puede reprimir sin
necesidad de desconocer las garantías de terceros que no tienen ninguna
relación con la conducta punible. Tampoco la norma demandada cumple con los
requisitos exigidos por la jurisprudencia para la restricción de la libertad
económica. Establece una restricción que no es potencialmente adecuada para
conseguir el fin propuesto, al no tener una relación directa con la lesión o
puesta en peligro de los bienes jurídicos de la administración de justicia ni
del patrimonio económico, ser manifiestamente desproporcionada, pues afecta
una actividad lícita y permitida por el ordenamiento sin que la misma se
relacione directamente con los fraudes que pretende evitar y resulta
innecesaria ante la existencia de otros tipos penales, como la falsedad, la
receptación, el fraude procesal o la modalidad básica del comercio de
autopartes usadas consagrada en el primer inciso del artículo 447 A del
Código Penal.
Por lo expuesto,
la Corte procedió a declarar inexequible el parágrafo del artículo 447 A de
la Ley 599 de 2000.
