Conspiración criminal

Por: Juan Carlos Florez

Un tenebroso cuadro surge de las delaciones de Inocencio Meléndez. Ellas serían la prueba reina que, desde la oficina del alcalde, se habrían tomado las decisiones que favorecieron a una rosca de contratistas, cercano a los Moreno.

De las confesiones que Meléndez ha entregado a la fiscalía y a la radio, se evidencia que un reducido grupo de personas, amigos de los hermanos Moreno, alcalde y senador, tenía acceso privilegiado a la información de las licitaciones sobre los grandes contratos de la ciudad.  Dicho voraz grupúsculo, conformó un cartel que controlaba la administración y se ganaba cuanto contrato grande se adjudicaba.

¿Quiénes conformaban, según Meléndez, ex director jurídico del Idu, la rosca beneficiaria en materia de grandes contratos?  Emilio Tapias, contratista, alias ‘el gordo’. Según Meléndez, Tapias se presentaba como el amigo íntimo de Iván Moreno. Julio Gómez, contratista, alias ‘peluche’, el abogado Álvaro Dávila, alias el ‘enano’, Samuel Moreno, ‘alias la doctora’, Iván Moreno, alias ‘el jefe’. Dice Meléndez, a quien la rosca llamaba ‘kunta kinte’, que cuando se referían a los dos hermanos Moreno se los llamaba con el alias ‘la casa’. Nos encontramos entonces con una forma de actuar que es propia de organizaciones criminales, de los bajos fondos del hampa.

Meléndez describe como, tanto Emilio Tapias como Julio Gómez, decían en las dependencias distritales que ellos hablaban a nombre de Iván Moreno. El ex director del IDU se pregunta, una y otra vez, acerca de cómo fue posible que una persona, Tapias, que jamás había tenido un contrato en Bogotá, que no era constructor, resultara beneficiario, a través de cruces de empresas, de multimillonarios contratos. ¿Es Emilio Tapias un títere de Iván Moreno? La justicia debe esclarecer si Tapias es un testaferro, creado ex profeso, para apoderarse de un gigantesco trozo de la contratación distrital.

La directora del Idu, Liliana Pardo, alias ‘la mamá’, aparece en todo esto como una funcionaria que no se paró en la raya y no fue capaz de decirle no a un alcalde, que se entrometió al máximo y de manera ilegal en procesos de contratación, que debían ser autónomos y transparentes.

El abogado Álvaro Dávila emerge, de la descripción que hace Meléndez, como el hombre de confianza del alcalde. Dávila, habría sido el verdadero jefe de Ana María Ospina Valencia, subdirectora corporativa del Idu. A través de ella, Dávila habría tenido un acceso permanente a información confidencial sobre los procesos de licitación. ¿Fue acaso Dávila, con sus poderosas conexiones en los medios y la justicia, uno de los cerebros de este funesto proceso?

Recordemos que los Nule “se refirieron a la injerencia que tuvo el abogado Álvaro Dávila en la Procuraduría debido a que su esposa, Rosa Pavajeau, es prima del ex funcionario, (el entonces vice procurador Gómez Pavajeau) y dado ese vínculo, les garantizaba a los cuestionados empresarios que el Ministerio Público no tomaría decisiones disciplinarias si se presentara alguna irregularidad durante el proceso licitatorio”. Y qué casualidad, Carlos Arturo Gómez Pavajeau es el abogado de Samuel Moreno y “un fiscal delegado ante la Corte Suprema compulsó copias a un par de su misma unidad, para que investigue a Gómez Pavajeau, quien ha sido señalado por los Nule y el ex subdirector del IDU, Inocencio Meléndez, de tener injerencia en el archivo de investigaciones a funcionarios del Distrito durante el acompañamiento que hizo desde el Ministerio Público a los procesos licitatorios para la ejecución de obras públicas”.

Ante la Fiscalía, Meléndez dijo que el  procurador segundo distrital, Hernán Briñez Rojas, “quien habría sido cuota de Gómez Pavajeau, archivó en algunas oportunidades investigaciones contra funcionarios del IDU debido a que era muy cercano la ex directora del instituto e incluso una de las funcionarias de la unidad de valorización era su recomendada”. Asi funcionaba la sofisticada telaraña que la rosca de la contratación tejió en Bogotá.

Frente a uno de los casos de mayor ineptitud y de más turbiedad de las administraciones del Polo, la gestión de las obras de transmilenio por la carrera 7a, Meléndez cuenta como 6 meses después de haber sido retirado de dicha entidad, recibe una llamada de otro de los directores del Idu, Néstor Eugenio Ramírez, tristemente célebre porque juró ante las cámaras que entregaría a tiempo las obras en Bogotá. Ramírez habría presionado a Meléndez para que firmara un acta, que este, cuando estaba en el cargo, había considerado completamente ilegal. En su momento, el alcalde Moreno también le habría presionado para que firmara ese documento. Dicha acta tenía que ver con una adición al contrato de la 7, la cual solo podía hacer por medio de una licitación. Esta es una grave evidencia de cómo manipulaban todas las normas, con tal de beneficiar a los contratistas señalados desde la alcaldía. Según Meléndez, el contrato actual es ilegal, puesto que dicha acta sigue sin la respectiva firma.

Durante los últimos años nuestra ciudad fue un vasto campo en el que, impunemente, los hermanos Moreno Rojas pusieron las entidades claves del distrito a trabajar, no a favor de los ciudadanos, sino en beneficio de un cartel de contratistas. Los integrantes de dicho cartel se convirtieron en los verdaderos jefes de las entidades y las decisiones más importantes no fueron pensadas desde los intereses de la ciudad, sino en beneficio de ese grupúsculo de voraces contratistas.

Eso fue lo que ocurrió en el Idu, pero ¿qué pasó en las secretarías de salud, de integración social, de educación, de movilidad, en la empresa de acueducto o en entidades aparentemente de menor importancia como la Empresa de Renovación Urbana o el Jardín Botánico? Recordemos lo que dijo Meléndez a la fiscalía sobre el secretario de salud, hoy de hacienda: “Meléndez aseguró que varios de los contratistas que financiaron la campaña de Moreno a la Alcaldía de Bogotá, en el 2007, tuvieron cuota en su gabinete […] la designación de Héctor Zambrano como secretario de Salud habría sido una de estas. Meléndez dijo que el contratista Julio Gómez, investigado por el escándalo, le mencionó el caso de la Secretaría de Salud junto con otros nombramientos que eran pagos por apoyos a la campaña de Moreno”.

La fiscalía tiene una deuda enorme con la ciudad. Descubrir la gigantesca trama de saqueo de la ciudad por una rosca mafiosa, que se repartió la contratación y que nos ha llevado al retroceso urbano más grande en una generación. ¿En cuántas entidades del distrito todavía siguen mandando los mismos contratistas y funcionarios, integrantes o cómplices, del mafioso cartel de la contratación?

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