El 11% de los mexicanos justifica golpear a la mujer “por desobedecer”

El 11 por ciento de la población en México cree que es justificable golpear a la mujer, por desobedecer a esposos o padres, cuando se lo busca o cuando los provocan, indicó el presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Ricardo Antonio Bucio Mújica.

Al participar en la conferencia “Derechos de las mujeres en México; avances y desafíos contra la discriminación de género”, en la Universidad de Guanajuato, indicó que el segmento de la población que justifica más la violencia contra las mujeres son los jóvenes de 14 a 17 años.

Estos datos fueron obtenidos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) 2010, realizada por el Consejo Nacional Prevenir la Discriminación.

“Se le preguntó a los encuestados, en qué ocasiones se justifica pegarle a una mujer, el 78 por ciento dice que a la mujer no se le pega, ocho por ciento no sabe si se le tiene que pegar, seis por ciento por infidelidad, 11 por ciento lo justifica por desobedecer a esposo o padres, cuando se lo busca, cuando lo provocan”, indicó.

Cuando se les preguntó que si creían que las mujeres son violadas por provocar a los hombres, 76 por ciento estuvo en desacuerdo, pero 22.5 por ciento cree que sí, es decir, uno de cada cuatro creen que la culpa de violación la tienen las mujeres.

Dijo que el 95 por ciento de la población en México cree que se golpea a las mujeres.

De acuerdo con la encuesta, el problema de la discriminación es tan grave, que 3.4 millones de mujeres piden permiso a su pareja o esposo para decidir por quién votar, por lo que Bucio Mejía advirtió que esa cifra representa un alto porcentaje del padrón electoral y es mucho más del número de votos que determinaron la última elección presidencial en 2006, que resolvió por 254 mil votos.

En entrevista posterior, Bucio Mejía fue cuestionado sobre el tema de la criminalización del aborto.

“La decisión en principio, más íntima y más profunda de abortar, siempre le toca de alguna manera, lo diga la ley o no, le toca a la mujer que lo hace, que en el fondo asume no sólo esa decisión, sino la responsabilidad”, dijo.

Señaló que lo que tendría que hacer el Estado es garantizarle derechos y mecanismos de protección.

Planteó que alguna ley antiaborto debe someterse a un debate público, pero no a un debate ideológico.

“No puede ser un debate de posturas ideológicas, lo único que se debe garantizar desde la acción del Estado es el marco legal. Al Estado no le toca decidir por las percepciones morales o personales de nadie, le toca decidir sobre el marco legal, abrirse el debate, conforme al nuevo marco constitucional”, sostuvo.

Tomado de: http://www.sinembargo.mx/06-03-2012/173750

Un genocida llamado Alberto Fujimori

Columna por Vicky Peláez

Al parecer, la dignidad de la vida humana no estaba prevista en el plan de globalización (Ernesto Sábato)

Cuando la campesina María Mamérita Mestanza de un remoto caserío en Cajamarca, Perú, tuvo que  acudir al centro médico local, asustada por las amenazas de ser detenida si no se sometía a la “operación para controlar la natalidad”,  jamás sospechó que sería una de las miles de víctimas  de la campaña  genocida de esterilización contra la mujer quechua, ordenada por  el presidente Alberto Fujimori, financiada por la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) con 36 millones de dólares y con unos 10 millones por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

 Esta mujer creyó en los médicos que la operaron,  en el gobierno, y en especial en Alberto Fujimori quien al asumir el poder en 1990 declaró que “desde ahora la mujer peruana debe ser dueña de su destino y las mujeres de bajos recursos económicos tendrán el mismo acceso a la planificación familiar que las de las familias pudientes”.

La idea de Thomas Robert Malthus (1766 – 1834) de  controlar el crecimiento de la población para evitar las explosiones sociales o revoluciones ha perseguido a la humanidad durante más de un siglo. La esterilización de la mujer ha sido considerada como uno de los métodos más efectivos y más utilizados en el mundo occidental. Estados Unidos fue el pionero en aplicarlo al promulgar en 1907 el Estado de Indiana legislación sobre esterilización, seguido por Washington y California en 1909. La mayoría eran programas eugenésicos “para impedir la reproducción de  miembros de la población considerados como portadores de rasgos genéticos defectuosos”.

Los alemanes “perfeccionaron”  este programa durante el régimen del Tercer Reich, obligando a los doctores a reportar a pacientes con retraso mental, enfermos mentales, alcohólicos, epilépticos, sordos, ciegos o físicamente deformes para que sean esterilizados. En total más de 400,000 personas fueron esterilizados más de 70,000 fueron asesinados bajo esta ley alemana. Los japoneses seguían el mismo camino con su Ley de Protección de la Raza Eugenésica.

Después de la Segunda Guerra Mundial cuando todos creían el fin de la barbarie, Estados Unidos decidió a aplicar su programa en el Puerto Rico, haciendo esterilizar a una de cada tres mujeres que en los años 60 y 70 constituía la mano de obra eficaz y barata en las fábricas norteamericanas en Puerto Rico. Lo quisieron hacer también en Cuba pero la revolución truncó sus planes. Precisamente en aquellos años el gobierno norteamericano financió el programa PIEGO bajo la dirección del Dr. Ravenholt de la Universidad John Hopkins para esterilizar unas 570 millones de mujeres en estado fértil en todo el mundo, es decir la cuarta parte de la población femenina mundial en el estado reproductivo, “para defender los intereses económicos de Norteamérica en el planeta y evitar la explosión de la población para que el mundo no se rebele contra el dominio comercial los Estados Unidos”.

Parece que Alberto Fujimori se sintió iluminado con estas ideas y decidió mostrar a su patrón del Norte su eficacia para convertirse en el pionero de esterilización en América Latina. Hizo cambiar las leyes peruanas y puso en funcionamiento en 1995 un programa de esterilización forzada contra  mujeres indígenas, en su mayoría quechuas, bajo el nombre de Plan de Salud Pública. En cinco años fueron esterilizadas 331,600 mujeres y unos 30,000 hombres sufrieron una vasectomía. En aquella época había en  Perú unas 6 millones de mujeres en la edad reproductiva (entre 19 a 49 años). Eso quiere decir que del total de las mujeres, el cinco por ciento fue esterilizado. Pero si tomamos en cuenta que más del 95 por ciento de las mujeres afectadas eran quechuas, el significado de las cifras cambiaría dramáticamente. En 1995, de acuerdo a la estadística oficial hubo 600,000 mujeres quechuas en edad reproductiva. Entonces Fujimori hizo esterilizar a la mitad de las mujeres quechuas en edad fértil y esto no tiene otro nombre que genocidio. 

Su plan era tan siniestro que el personal de salud encargado de esta operación tenía cuotas obligatorias de 9 mujeres intervenidas quirúrgicamente al mes por cada enfermera. Las que alcanzaban este número fueron premiadas y las que no cumplían cuotas fueron castigadas o despedidas. Se elaboró todo un sistema para engañar a pobres mujeres muchas de las cuales ni hablaban  español. Las amenazaban con el arresto, con no permitir a sus hijos ir al colegio, con negarles la atención médica o les prometieron una mísera ayuda económica. Lo cínico fue que la ligadura de trompas fue practicada sin consentimiento, diciéndoles que era el único y eficaz  método anticonceptivo para ellas. Inclusive les aseguraban que después de un tiempo podrían tener hijos. Las mismas operaciones se realizaban en mínimas condiciones higiénicas, sin ningún previo análisis o sin tener en cuenta ninguna historia clínica. Y toda esta barbaridad fue ordenada por un hombre y aplicada bajo la consigna: “la mujer peruana – dueña de su destino”.

Ahora el estado peruano  estudia la posibilidad de enjuiciar de nuevo a Fujimori por el genocidio contra las mujeres quechuas, Mientras tanto el tiempo y el espacio no cambia para los globalizadores que están camuflando la teoría malthusiana del control de la población bajo otras ideas, como el “desarrollo sostenible” (sustainable development) que requiere la deindustrialización en lo que antes se llamaba el Tercer Mundo. Jeffrey Sachs el mismo que aplicó la “terapia de choque” en América Latina y en Rusia reventando sus economías, ahora es director de The Earth Institute pregonando las ideas de reducir la población mundial porque “globalmente nuestra sociedad  es insostenible”. 

LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE RIA NOVOSTI 

CONOZCA EL ORIGINAL: http://sp.rian.ru/opinion_analysis/20111118/151628572.html