Por: Cecilia Orozco Tascón
¿Hasta dónde los profesionales del derecho pueden cruzar intereses, clientes y procesos sin consideración a la ética y a su deberes sociales de los que no están excluidos, como parecen creerlo algunos que se enriquecen ante nuestros ojos por cuenta de la sórdida chequera de sus clientes? Son interrogantes que haríamos bien en hacernos ahora, dado el auge de graduados en leyes pero especializados en el manejo de medios y relaciones públicas con periodistas, fiscales y jueces, más que en argumentación jurídica. El esquema defensor-relacionista es perverso porque pretende evitar la recta administración de justicia a través de la manipulación de personas e información para que ellos y sus defendidos ganen, aunque la sociedad pierda en materia económica y de moral colectiva.
No me canso de repetir, puesto que el caso Nule es el prototipo actual más vistoso de ese cáncer denominado culto al dinero, que sus procesos les están saliendo tal como lo previeron sus estrategas. Así lo han denunciado también otros comentaristas, como Félix de Bedout que cada mañana lo demuestra. Mirémoslo: hoy están detenidos pero con comodidades a las que no puede acceder ningún otro recluso dizque porque hay peligro de atentado contra sus vidas; están presos unos, y en espera de prisión otros, solo entre quienes han sido involucrados por ellos. Con sus calculadas declaraciones dieron base para se cumpliera la sentencia anticipada de la Procuraduría, dictada por el abogado de los Nule, Daniel Largacha: “los tenemos (a los Moreno) servidos y listos para obtener su suspensión o destitución”. Pero ante todo: como los primos no han dicho palabra sobre la corrupción nacional, no hay una investigación formal contra nadie del gobierno Uribe, pese a los indicios que señalan a varios de sus exfuncionarios. Figuran como abogados de los Nule, pero se rumora que detrás de ellos hay una batería, dos que ahora comparten oficina: Andrés Garzón y Daniel Largacha ¿Cómo así? ¿Tan jóvenes y a cargo de semejante proceso? Pues sí ¿Quiénes son estos semidesconocidos?
Andrés Garzón fue abogado “senior” de Lombana Villalba & Asociados hasta 2007; enseguida, 2008, logró obtener dos asesorías aún vigentes: con la DIAN y con el ICBF, ambas entidades en problemas por darles contratos a los Nule sin exigirles sus obligaciones; ha representado al Consorcio Odebretch y a Invías. Daniel Largacha trabajó particular y oficialmente con el exsecretario jurídico presidencial, Edmundo del Castillo; apoderó a éste ante la Procuraduría por la visita del paramilitar Job a palacio (caso que por lo demás está quieto en esa entidad, tal vez esperando prescripción); heredó el contrato del hermano del secretario del Castillo, Gabriel, como asesor de la Casa de Nariño cuando don Edmundo se posesionó; y a comienzos de 2010 firmó un contrato con Invías a través del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, Idea.
Pregunto: 1.- Si la DIAN quisiera iniciar un proceso contra los Nule ¿Cuáles intereses defendería Garzón? 2.- Si los Nule desearan confesar sus relaciones con del Castillo ¿Qué les aconsejaría Largacha? 3.- Si Invías o el ICBF entraran en pleito con los Nule ¿A quiénes privilegiarían Largacha y Garzón? 4.- Si la Fiscalía se espabilara y conminara a los Nule a revelar cómo se hicieron a las megaobras del país, Largacha, Garzón y la batería que acompaña a Uribe Vélez y a los Uribe Moreno ¿Lo permitirían? 5.- Si la Fiscalía se decidiera a investigar a del Castillo ¿Cómo influirían Largacha y Garzón en el fiscal Pabón? Y la última: ¿Estamos ante una táctica similar a la del primer proceso de Yidis Medina cuando le pusieron unos “defensores” que le impidieron contar cómo vendió su voto?
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