Por Vivian Newman
“Voy a demandar al Estado” dijo el excongresista Wilson Borja tan pronto se enteró que la Corte Suprema no seguiría el proceso en su contra por la Farc-política. Se refería a la reparación estatal que le correspondería en razón a los daños a su buen nombre y posibilidades profesionales causados por la investigación de sus supuestos vínculos con la guerrilla.
Con frecuencia, los altos funcionarios del Estado que se ven implicados en procesos judiciales anuncian que demandarán por el funcionamiento de la administración de justicia. Así ha sucedido con no pocos congresistas investigados por la parapolítica.
Sin embargo, no se conocen muchas sentencias condenatorias en estos casos. La razón, me cuentan algunos colegas dedicados al tema, radica en que pocas veces se cumplen los requisitos para que haya condena al Estado.
Para que el Estado sea condenado y pague es necesario que se pruebe un daño antijurídico, una conducta u omisión del Estado que lo genere y una relación entre estos dos extremos. Y si se trata de los perjuicios derivados de procesos jurídicos, la ley estatuaria de la administración de justicia y la jurisprudencia establecen que el Estado responde en tres casos: cuando hay privación injusta de la libertad, error jurisdiccional o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.
Privación de la libertad tuvo que sufrir el profesor Miguel Angel Beltrán, quién ha dicho que no sabe aún si demandará o no al Estado, pero no es el caso de Wilson Borja. Tampoco podría haber error jurisdiccional pues la Corte Suprema, al invalidar unas pruebas ilícitas, lo que hizo fue garantizar el debido proceso del ex representante. Finalmente, tampoco pareciera viable alegar fallas en la administración de justicia que son aquellas que se predican de la rama judicial por actuaciones que no sean providencias judiciales, pues hubo diligencia y cuidado además de apego a la ley en el procedimiento ante la Corte Suprema.
El Estado tiene el deber de investigar las conductas de sus ciudadanos cuando se encuentra ante una noticia criminal y la sola investigación previa no genera responsabilidad estatal. A su vez, los ciudadanos estamos en la obligación de tragarnos el sapo y atender toda investigación penal. Esto no nos vuelve culpables, sino investigables y toda la sociedad es sujeto investigable. Soportar y atender una investigación previa es una molestia que debemos sufrir, un precio que debemos pagar para vivir en sociedad.
Claro que también dijo Borja que demandaría a Uribe, a Iguarán y a algunos medios de comunicación, quizás pensando en que a su costa se ha querido, como ya se ha dicho, “llorar por los dos ojos”. Esto es harina de otro costal. Si el ex congresista considera que el sistema se dejó instrumentalizar y si efectivamente hay evidencia razonable de que se ha querido equilibrar la balanza de la justicia supuestamente inclinada hacia la parapolítica, tendrá la Corte Suprema que investigar la noticia criminal. En este caso, tanto los medios como el ex presidente y el ex fiscal tendrían que tragarse el sapo de atender una investigación sin que por ese solo hecho se puedan alegar perjuicios y condenar al Estado.
Conozca el original en: http://www.lasillavacia.com/elblogueo/dejusticia/25299/demandar-la-justicia
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