Las riñas en un estadio que muestran los noticieros de televisión. El
escándalo de corrupción que destapa la prensa. La radio relata la
tragedia de niños que mueren en piscinas o en el transporte escolar. El
despliegue que todos los medios de comunicación les dan a los menores
abusados sexualmente.
Del escándalo mediático surge el reclamo ciudadano de una reacción
punitiva fuerte. Luego, los congresistas o el Gobierno presentan un
proyecto de ley para aumentar las penas. Finalmente, se expide la norma.
Este mismo ciclo de influencia de los medios de comunicación y de
reacción coyuntural del órgano legislativo ocurre cuando una persona
estafa a miles de ciudadanos con una pirámide de dinero, si una modelo
es agredida en la cara con ácido, cuando un conductor borracho atropella
a varios transeúntes o si un futbolista patea a una lechuza en un
partido.
Lo descrito no es ficción. Es la realidad colombiana. A cada problema
social, se reacciona modificando el Código Penal. De todos los códigos,
el más reformado es el Penal. En la última década, 33 leyes se han
expedido, para hacer más expansivo el Derecho Penal. ¿Por qué ocurre
esto?
Fenómeno global
La punición como respuesta legislativa y estatal a los conflictos
sociales es una tendencia mundial que, por esta razón, ha sido muy
estudiada por numerosos académicos.
En el contexto americano y europeo, por ejemplo, son conocidos los
estudios de criminólogos como David Garland, Roberto Gargarella y
Roberto Bergalli, entre otros.
Todos ellos coinciden en afirmar que el expansionismo penal obedece a
sociedades con un alto índice de desigualdad económica, con órganos
legislativos débiles y poco preparados, con medios de comunicación que
se financian vendiendo lo escandaloso y con una ciudadanía poco o mal
informada.
Iván González Amado, presidente de la Comisión Asesora de la Política
Criminal, no discrepa de este diagnóstico. Además, manifiesta su
oposición a este fenómeno, que denomina “populismo punitivo”.
La manifestación más drástica de este populismo punitivo fue el
intento de establecer, mediante reforma constitucional, la cadena
perpetua para algunos delitos cometidos en contra de los menores de
edad.
Para González, propuestas como estas solo dejan réditos electorales,
pero no solucionan el problema real de la violencia contra los menores.
En su opinión, peor que el diagnóstico son las consecuencias de esta
inflación legislativa penal.
Las consecuencias
Un país sin política criminal, el aumento de la población reclusa y
del hacinamiento carcelario y la no resolución de los problemas sociales
son los resultados de este populismo, asegura González.
Por esa razón, tanto el nuevo Fiscal General de la Nación como el
Gobierno Nacional han insistido en establecer, por primera vez, una
verdadera política criminal que no dependa de expedir muchas leyes para
aumentar penas.
Sin embargo, el Congreso insiste en su odisea punitiva. En la
actualidad, por ejemplo, se tramitan proyectos de ley para penalizar el
maltrato animal y la conducción en estado de ebriedad y para aumentar
los castigos en delitos que lesionen con sustancias químicas o las
víctimas sean adultos mayores.
ÁMBITO JURÍDICO muestra el inventario de leyes de reforma penal
expedidas en la última década. La inflación legislativa es evidente.
Leyes que tipificaron nuevos delitos
Número Tema
L. 747/02 Trata de personas.
L. 759/02 Comercio de minas antipersonales.
L. 1028/06 Delitos sobre hidrocarburos.
L. 1032/06 Nuevos tipos en materia de telecomunicaciones y derechos de autor.
L. 1273/09 Delitos informáticos.
L. 1311/09 Uso de sumergibles.
L. 1329/09 Explotación sexual de menores.
L. 1356/09 Ilícitos cometidos en eventos deportivos.
L. 1357/09 Nuevas formas de captación ilegal de dineros del público (“pirámides”).
L. 1453/11 La Ley de Seguridad Ciudadana creó varios tipos penales.
L. 1474/11 El Estatuto Anticorrupción tipificó nuevas modalidades de corrupción pública y privada.
L. 1482/11 Nuevo delito de discriminación.
Normas que han incrementado penas
En total, 24 leyes ha expedido el Congreso aumentando penas de varios delitos. Ninguna las ha rebajado.
Número Delitos
L. 679/01 Omisión de denuncia.
L. 733/02 Secuestro, terrorismo y extorsión.
L. 747/02 Tráfico de migrantes.
L. 777/02 Tráfico de moneda falsa.
L. 788/02 Delitos asociados a las materias de impuestos y aduanas (reforma tributaria).
L. 813/03 Hurto y falsedades.
L. 890/04 Aumentó penas para todos los delitos.
L. 985/05 Tráfico de personas.
L. 1098/06 Agravó penas de algunos delitos en los que son víctimas los menores (Código de la Infancia y la Adolescencia).
L. 1121/06 Financiación del terrorismo, el lavado de activos y el concierto para delinquir.
L. 1181/07 Inasistencia alimentaria.
L. 1142/07 Hurtos y otros delitos.
L. 1220/08 Delitos contra la salud pública.
L. 1236/08 Delitos sexuales.
L. 1257/08 La mayoría de delitos en los que son víctimas las mujeres.
L. 1273/09 Delitos informáticos.
L. 1326/09 Agrava penas para lesiones y homicidios culposos en transporte escolar.
L. 1329/09 Tráfico sexual de menores.
L. 1336/09 Explotación sexual.
L. 1357/09 Delitos asociados a las “pirámides”.
L. 1393/10 Delitos en materia de salud, por emergencia social.
L. 1426/10 Crímenes contra defensores de derechos humanos y periodistas.
L. 1453/11 Aumentó penas para varios delitos.
L. 1474/11 Delitos de corrupción pública.
L. 1482/11 Delitos cometidos por razones discriminatorias.
Leyes de reducción de beneficios penales y garantías procesales
Una serie de normas ha reducido los beneficios que se les conceden a
los condenados y limitado los derechos fundamentales procesales de las
personas enjuiciadas, como las leyes 1142 y 1154 del 2007, 1312 del 2009
y 1453 y 1474 del 2011.
Así, se han aumentado las prescripciones para muchos delitos y en
otros ya no proceden las rebajas de pena por confesión ni la concesión
de subrogados penales. Del mismo modo, en esos punibles quedaron
proscritas las vigilancias electrónicas, las prisiones domiciliarias,
las ejecuciones condicionales de la pena y otras medidas favorables a
los condenados.
En materia procesal, por ejemplo, se han aumentado los términos para que se decreten las libertades.
Crecimiento de población carcelaria
Año Presos
2001 49.816
2011 115.626
Tomado de> http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/N/noti-120515-14%28la_inflacion_legislativa_penal%29/noti-120515-14%28la_inflacion_legislativa_penal%29.asp?Miga=1&CodSeccion=84
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