Vivian Morales dijo que con este nuevo proceso se busca determinar la veracidad de las denuncias sobre el desplazamiento forzado de 123 familias en 2003.
Luego de realizar una reunión en la que participó la fiscal general,
Viviane Morales, la fiscal especializada de Cartagena autora de la
polémica decisión, Miriam Martínez Palomino y un equipo de asesores, la
Fiscalía General tomó la decisión de abrir una investigación para
esclarecer la versión de las supuestas falsas víctimas en los procesos
de restitución de los derechos de 123 familias campesinas que alegan
haber sido desplazadas en 2003.
A pesar de que la fiscal Morales aceptó que la decisión de su funcionaria fue adoptada con base en el testimonio de Pedro Moreno, miembro de Asocab que denunció el desplazamiento en 2009 y que luego se retractó de su versión inicial, aseguró que es un caso que amerita una "atención personalizada y una revisión profunda".
A pesar de que la fiscal Morales aceptó que la decisión de su funcionaria fue adoptada con base en el testimonio de Pedro Moreno, miembro de Asocab que denunció el desplazamiento en 2009 y que luego se retractó de su versión inicial, aseguró que es un caso que amerita una "atención personalizada y una revisión profunda".
"He decidido abrir investigación de los hechos que sucedieron
antes de 2006 y personalmente viajaré a Las Pavas y al municipio de
Buenos Aires", afirmó la Fiscal quien en sus primeras intervenciones
sobre el caso, respaldó la versión de su funcionaria. Aunque no existe
una denuncia formal del desplazamiento en 2003 por parte de las
víctimas, la Fiscal junto con el jefe de la Unidad de Desplazamiento
revisará de forma minuciosa el caso tomando en cuenta las versiones de
los directamente afectados.
La Fiscal afirmó que "es necesario mirar un poco más hacia atrás"
debido a que sus pasadas declaraciones en las que respaldó la versión
del falso desplazamiento se referían a hechos presentados en 2009,
mientras que organizaciones internacionales, ong y los campesinos hablan
de presiones y hechos violentos que se presentaron en 2003 y que no
fueron tomados en cuenta por la fiscal de Cartagena.
Esta decisión es resultado también de reuniones con el padre
Francisco de Roux, prior de la comunidad de los jesuitas,y con el decano
de Derecho de la Universidad Javeriana, responsables de las
organizaciones que venían adelantando los procesos de asesoría y
acompañamiento a las 123 familias denunciantes que buscan una titulación
de los predios en los que hoy funciona un cultivo de palma africana.
La Fiscal Morales ratificó la continuidad de la compulsa de copias
contra las organizaciones que apoyaron los procesos de las víctimas de
Las Pavas mientras se realiza la visita al terreno. Sin embargo, las
organizaciones respondieron que no es pertinente abrir una
investigación de tal envergadura a partir del testimonio de un campesino
que ahora trabaja para la empresa palmicultora que se instaló en el
terreno que los campesinos reclaman.
"Aunque se compruebe que no hubo desplazamiento, el proceso por
extinción de dominio podría seguir su curso dependiendo de las pruebas
sobre la inexplotación y la apropiación real de los campesinos", aclaró
la Fiscal General, quien tambien aseguró que de encontrarse pruebas de
falsas víctimas, estas personas serían procesadas por fraude procesal y
falsa denuncia. Contrario a algunas versiones, estas tierras no tienen
nada que ver con la familia de Pablo Escobar, dijo la Fiscal.
El debate sobre este caso comenzó con la decisión de una fiscal de
Cartagena que archivó el proceso que se adelantaba por el desplazamiento
de 123 familias en Las Pavas, una hacienda ubicada en el sur de
Bolívar. A partir del testimonio de un campesino y de una persona que
había servido de intermediaria en la venta de la hacienda, la Fiscalía
concluyó que se trataba de un falso desplazamiento y ordenó abrir
investigación contra otros campesinos por el presunto delito de
rebelión.
Luego de que las víctimas, ongs y organizaciones internacionales
expresaron su descontento y preocupación frente a las afirmaciones de la
Fiscal de Cartagena y luego de la Fiscal General, el caso deberá ser
esclarecido para rectificar la situación de las víctimas y de los
procesos de restitución de sus derechos.
Conozca el Original: http://www.verdadabierta.com/index.php?option=com_content&id=3739
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